El ex Gobernador de Tamaulipas es buscado por al DEA por haber lavado dinero al cártel de los Zetas. Foto: SinEmbargoMx.
Eugenio Hernández lució con buena salud, animado y tranquilo durante el tiempo que estuvo en el restaurante.
Se sabe que desde 2011 Eugenio Flores y su familia radican –o radicaban– en Quintana Roo. De hecho, el ex Gobernador retomó su carrera como ingeniero, aunque siempre mantuvo relación cercana con el mandatario de esa entidad, Roberto Borge Angulo, miembro del mismo partido, el Revolucionario Institucional (PRI).
El pasado 19 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una denuncia en contra del ex Gobernador de Tamaulipas, por “conspiración para lavar dinero”.
El ex militante priista se dijo sorprendido por la acusación en su contra, y sostuvo que está muy tranquilo y trabajando con sus abogados para aclarar el caso con el Gobierno estadounidense.
“Estamos tranquilos, estoy trabajando con mis abogados para ver la mejor forma de aclarar esta situación con el gobierno de Estados Unidos”, declaró Hernández Flores en entrevista con Radio Fórmula.
Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) informó que aún no recibe ninguna solicitud de detención provisional, en 2012 la Subsecretaría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (Siedo) incautó propiedades de Hernández Flores en Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo, porque se le investigaba por lavado de dinero al servicio del Cártel del Golfo.
En el operativo quedaron asegurados seis departamentos del complejo residencial Torres Emerald, en la zona hotelera, en donde los vecinos son políticos como el ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez.
Otros dos condominios fueron decomisados en Puerto Cancún y dos más en el exclusivo y sofisticado fraccionamiento exclusivo de Mare Azul, Club de Yates en Playa del Carmen.
En 2013 esa investigación llegó a un “carpetazo”.
Hernández Flores es sucesor de Tomás Yarrington Ruvalcaba, acusado en Brownsville, Texas, por crimen organizado, narcotráfico y delitos financieros.
El Gobierno estadounidense detalló que a mediados de este mes una Corte del sur de Texas hizo pública la acusación formal en contra del ex mandatario tamaulipeco por los delitos de “conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transacciones financieras sin licencia para ello”.
Eugenio Hernández Flores gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010.
Eugenio Hernández fue acusado junto a su cuñado Oscar Gómez Guerra. “Esta acusación en contra mía, de acuerdo a lo que me he informado en el transcurso del día [19 de junio], es adicional a la hecha a Óscar Gómez Guerra, esposo de mi hermana, él también hizo las aclaraciones pertinentes el año pasado. Me consta que todas sus transacciones y bienes son producto de operaciones comerciales realizadas en México y declaradas al Servicio de Administración Tributaria”, sostuvo el ex Gobernador .
El Departamento de Justicia informó además que el Gobierno estadounidense busca juzgar a ambos acusados por 30 millones de dólares, e incluso confiscar cuatro de sus propiedades, tres de las cuales se ubican en la ciudad texana de McAllen, y están valuadas en más de 2 millones de dólares.
“Todo viene de una gran confusión de las autoridades americanas. Espero tener la oportunidad de poder aclarar, sentarme cara a cara con los fiscales estadounidenses. Yo siempre he dado la cara”, detalló el ex priista.
Hernández Flores aseguró en entrevista con Radio Fórmula, que ninguna autoridad de EU buscó a su cuñado para que ofreciera la información correspondiente y procedió a su acusación directamente. “Todo viene de una gran confusión de las autoridades americanas. Espero tener la oportunidad de poder aclarar, sentarme cara a cara con los fiscales estadounidenses. Yo siempre he dado la cara”, sostuvo.
Insistió además que cuando fue acusado en México aclaró el origen de todos sus bienes, así como del pago de tarjetas de crédito y algunos negocios.
TAMAULIPAS SIN TREGUA
El estado de Tamaulipas, donde la violencia impera desde hace años y la población no conoce la tregua, ha sido gobernada casi exclusivamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La administración actual, a cargo del Gobernador Egidio Torre Cantú, ha sido criticada por no haber podido frenar la situación de inseguridad. Pero los tres gobiernos anteriores son acusados de nexos con el narcotráfico.
Los ex gobernadores Eugenio Hernández Flores (2004-2010) y Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2004) son los casos más serios. Autoridades de Estados Unidos mantienen procesos abiertos por operaciones ilícitas, entre ellas lavado de dinero para el Cártel del Golfo. El ex Gobernador de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma (1993-1999) es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntas relaciones con el crimen organizado pero, como suele suceder del lado mexicano, nadie sabe de esa investigación.
Y mientras los políticos en esa entidad enfrentan un proceso con la Ley, los tamaulipecos han vivido atrapados en la guerra que sostienen el Cártel del Golfo y el de Los Zetas por dominar esa entidad fronteriza, una zona estratégica para el contrabando de narcóticos.
Además, los medios de comunicación en Tamaulipas han sido presas de ataques a tal grado que algunos han dejado de publicar hechos relacionados con el crimen organizado. En esa situación han surgido nuevas formas de información por medio de redes sociales, como es el caso de Valor por Tamaulipas. Sin embargo, sus integrantes han sido presas de amenazas y se sabe que al menos una integrante de esa iniciativa ciudadana fue asesinada.
Tampico, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria están convertido en rutas de la muerte no sólo para los locales, sino también para los migrantes. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han denunciado que, ante la inseguridad y la falta de respuesta del Estado, los migrantes son obligados por diversas mafias a matar y a delinquir; cuando ya no les sirven o cuando fallan simplemente los desaparecen.
En variadas ocasiones, miles de habitantes de Tamaulipas han tomado las calles para manifestarse en contra de la inseguridad y han exigido que el Gobernador de la entidad, el priista Egidio Torre Cantú, ponga un alto a la ola de violencia o renuncie a su cargo.
Hartos de los atentados contra la seguridad y de la indiferencia de las autoridades estatales, los tamaulipecos han unido sus voces para pedir paz y el freno al narco. Pero siguen votando por el Revolucionario Institucional.
En las elecciones de este junio, el PRI básicamente arrasó: obtuvo 10 millones 660 mil 251 votos, contra los 7 millones 651 mil 270 del PAN; los 3 millones 967 mil 636 del PRD y los 3 millones 68 mil de Morena.
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